PGE 2021

MANIFIESTO FEMINISTA ANTE LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2021 

Las organizaciones feministas abajo firmantes queremos contribuir, ante el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil, a conseguir que el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2021 redistribuya recursos y oportunidades frente a la desigualdad social y de género preexistente y su acentuación por la pandemia del COVID19, que afecta específicamente a las mujeres, como empleadas, como cuidadoras no remuneradas y como ciudadanas.
Abordamos este nuestro 13º manifiesto ante los PGE en una situación social totalmente diferente a los anteriores. La respuesta del gobierno, ya iniciada con los ERTES y el aumento del gasto sanitario, de protección social y de transferencias a las Comunidades Autónomas en 2020, eleva en 2021 el Presupuesto consolidado (incluyendo Seguridad Social y entes autónomos) a 550.486 millones de euros, 11.631 € por habitante, un 22% superior al de 2018, prorrogado en 2019 y 2020.
La cuarta parte del aumento, 26.636 millones, se financiará con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021-2023 de la Unión Europea -de los que el Estado transferirá la mitad a las Comunidades Autónomas- para una agenda digital, social y verde coherente con la Agenda 2030 u ODS de la ONU, en 40 programas presupuestarios inéditos.
El Informe de Impacto de Género oficial del Proyecto de Presupuestos de este año tiene demasiadas páginas, 697, pero una metodología común (realidad, representación y recursos/resultados), toca 260 de los 292 programas presupuestarios, citando su contenido dinerario, y los clasifica según su “pertinencia de género” alta (13%), media (58%), baja (22%, incluyendo el 251M prestaciones a los desempleados) o nula (7%). La Disposición adicional 120 del Proyecto de Ley de PGE 2021 crea la Comisión Interministerial de Presupuestación con Perspectiva de Género.

1.- SOSTENER EL EMPLEO, LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN UNA CRISIS BRUTAL
El empleo es el principal sistema de reparto de la riqueza, y la no discriminación por sexo en él y la protección pública por desempleo están establecidas en los artículos 35 y 41 de la Constitución. Es el medio de vida actual para 8,7 millones de mujeres y 10,4 millones de hombres, del que se derivan las pensiones contributivas de otros 5 millones de mujeres y 4,7 millones de hombres, las ayudas por desempleo y otras prestaciones. Y 45.000 millones de impuestos.

La pandemia del coronavirus ha paralizado buena parte de la actividad económica, pero en esta crisis, a diferencia de la de 2008, el gobierno, en diálogo con sindicatos y empresas, ha dispuesto ayudas para que el desempleo no sea el mecanismo de ajuste. La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2020 reflejó la pérdida del 22,6% de las horas efectivas de trabajo realizadas pero “solo” del 5,5% de los empleos (1.074.000, 51% de mujeres) pues los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se consideran ocupados. Solo el 35,14% de la población mayor de 16 años trabajó efectivamente ese trimestre, un 16,2% (3 millones) desde su propio domicilio, frente al 4,8% en 2019. Y consideró nuevas “inactivas” a 617.200 mujeres y 445.600 hombres sumando 10 y 7 millones respectivamente. El 35% de estos 10 millones de mujeres declaran estar fuera del empleo o su búsqueda por dedicarse a las “labores del hogar”.

Los ERTE por fuerza mayor a causa de la COVID-19 han sido una herramienta protectora del empleo con impacto positivo de género. En la primera ola del coronavirus llegaron a proteger a 3,5 millones de personas trabajadoras, el 51% de mujeres, frente al 29% en anteriores crisis. Por cada mujer que perdió su empleo, 4 consiguieron salvaguardarlo mediante un ERTE.

Los datos de la EPA del tercer trimestre 2020 revelan un descenso interanual de 2,7 puntos en la tasa de empleo, en la que se mantiene una brecha de género de 11 puntos: tienen empleo el 67,40% de los hombres frente al  56,28% de las mujeres, teniendo jornada parcial el 7% de los trabajadores y el triple de las trabajadoras, el 22%. A la brecha de empleo se suma la brecha salarial, con un salario medio de las mujeres de 21.011,89 euros/año, el 78,6% del de los hombres, de 26.738,19 euros (EES 2018). Por sectores, los salarios más bajos son en la Hostelería, donde trabaja 1 de cada 10 trabajadoras, con 14.345,30 euros, un 40,3% inferior a la media. Por eso, celebramos la aprobación en octubre de los Decretos 901/2020 que regula los planes de igualdad y su registro y 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, fruto del diálogo social del que lamentable se han descolgado las organizaciones empresariales.

La exclusión de las 576.100 empleadas de hogar (EPA 1T2020) del seguro de desempleo es una discriminación denunciada por ellas y por las organizaciones feministas, que la atribuimos al hecho de que el 88% sean mujeres y muchas inmigrantes. Por ello fue muy positivo el Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo que estableció hasta el 21 de julio un subsidio de desempleo excepcional del 70% de su base de cotización (igual que para el paro y la prestación por ERTE), pero seis meses después se ha reconocido a 23.473, se ha denegado a 1.606 y en unas 7.500 seguían a la espera de que el SEPE tramite y pague su prestación. Según la EPA las despedidas han sido 47.000.

También para las y los trabajadores autónomos el Decreto Ley 8/2020 estableció un subsidio especial por cese o reducción de la actividad, que llegaron a cobrar en abril 919.000, siendo más bajas las cotizaciones/prestaciones  de mujeres.

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social es de 32.620 millones de €, de los que el 77% corresponden al programa 251M Prestaciones a los desempleados: 12 millones para prestaciones contributivas, 5.400 para subsidio de desempleo general y 433 para subsidio del Régimen Agrario y 6 millones para cubrir sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el desempleo y 642 para Renta Activa de Inserción. Puede ser insuficiente en un período en que no sólo está aumentando el paro, que afecta a 1.965.500 mujeres y 1.757.400 hombres, sino la brecha de género en él, pues están en paro el 18,4% de las mujeres y el 14,4% de los hombres. Más grave aún es que en septiembre sólo cobra seguro o subsidio de paro el 66,2% de las paradas, 13 puntos menos que los parados (79,6%).
 
En el programa 223M Prestaciones de garantía salarial (829 millones) el IIG cifra en 27.000 las mujeres que han cobrado prestación, el 38%, asignándoles 180 millones de euros, el 22% del FOGASA.

Algunos de sus objetivos presupuestarios son emplear a 96.443 mujeres víctimas de violencia de género, con discapacidad o en exclusión, crear en la Inspección de Trabajo la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, 8.500 mujeres en la Red mujeres STEM gestionada por el SEPE y las CCAA, capacitación digital de paradas, especialmente en el medio rural;  320.000 empleos autónomos de menores de 35 años bonificando la cotización social, y otros 110.000 contratos bonificados, un 54% de mujeres; 50% de mujeres entre 253.720 alumnos de formación profesional para el empleo; 1.931.900 mujeres con actualización y mejora de sus cualificaciones profesionales; perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.

2.- HAY AVANCES, PERO INSUFICIENTES, PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES EN LAS PENSIONES
La Seguridad Social, con 172.226 millones de euros (4,3% más que en 2020) y 10,2 millones de pensionistas, el 52% mujeres, es, después del empleo, el principal mecanismo de solidaridad y redistribución social. Como expusimos a las y los portavoces parlamentarios en las comisiones del Pacto de Toledo y de Igualdad el 2 de marzo pasado, en el debate sobre el Manifiesto de 144 organizaciones feministas Por la igualdad de las mujeres en el Sistema de Pensiones https://www.dropbox.com/s/hmmthibtp0yq3y7/Manifiesto%20Pensiones%20144%20firmas.pdf?dl=0, la brecha de género del 52% entre la pensión contributiva media de 5 millones de mujeres, de 813 €/mes, y la de 4,7 millones de hombres, de 1.235 €/mes (INSS octubre 2020), duplica la de los salarios, y se incrementa al ser mujeres el 65% de las 452.000 personas con pensiones no contributivas (PNC) con importes medios aún inferiores: 393,54 €/mes por jubilación y 430,15 por invalidez.
Para ello seguimos pidiendo, aún más por el impacto del coronavirus en el empleo, actuar combinadamente en:

    a) acelerar la igualdad en los salarios y tiempos cotizados de mujeres y hombres, para no seguir alimentando la desigualdad en las pensiones: combatir la brecha de género en los salarios (28%), en la tasa de empleo Tasa de empleo (56,3% de las mujeres, 67,4% de los hombres) y la feminización al 73% del tiempo parcial y las “lagunas de cotización”.

 
    b) Crear en 2021 doscientos mil empleos en sanidad, educación -particularmente infantil de 0 a 3 años- atención a la dependencia y servicios sociales, para sustituir trabajo no pagado de cuidados por trabajo remunerado y servicios públicos, cumpliendo realmente la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Recomendación 17 de la Comisión del Pacto de Toledo 2020 "acometer de modo enérgico la cuestión de los cuidados con el objetivo de que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no generen vacíos de cotización por esta causa", pues hay 3,4 millones de mujeres excluidas del empleo por dedicarse a “labores del hogar” (EPA3T2020) y según el Informe El trabajo de cuidados (OIT 2018) en España se dedican a cuidados familiares no pagados 130 millones de horas al día, equivalentes a 16 millones de personas trabajando 8 horas/día.
El capítulo 1 de personal del proyecto de PGE 2021 solo representa el 4,5% del gasto, de manera que transfiere a las Comunidades Autónomas, y en menor grado a las Entidades Locales, esa asunción enérgica de los cuidados, en un contexto en que -pese a la emergencia sanitaria, al aumento del gasto público y a la necesidad de aumentar las ratios de profesionales en la educación y la atención en residencias y servicios a personas en situación de dependencia- del 1er al 3er trimestre de 2020 se han reducido en 101.200 las personas empleadas en cuidados.

c) sustituir el “complemento de maternidad” establecido en 2016 (que ha invalidado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 12.12.19) por políticas públicas contra la penalización laboral de la maternidad. Es positivo que estos Presupuestos equiparen en 16 semanas los permisos retribuidos de maternidad y paternidad (o de progenitores del mismo sexo), pero pedimos que se complemente con la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años y el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, la reducción del paro y la precariedad del empleo juvenil y de la carestía de la vivienda, que impiden independizarse a las y los jóvenes.
Pedimos la reducción general de la jornada a 35 h semanales, no la generalización y feminización del trabajo a tiempo parcial y las excedencias.

    d) Pedimos igualdad real en la seguridad social para las empleadas de hogar y las trabajadoras agrarias, y lograr que más mujeres tengan pensión propia suficiente, para depender menos de la de viudedad.

    e) Consideramos positiva la subida en el PGE 2021 del 1,8% para las pensiones no contributivas, que pedimos se extienda a las contributivas mínimas de jubilación o viudedad, ahora de 683,5 €/mes, que cobran el 30% de las mujeres pensionistas, principalmente las más mayores.

3.- QUE EL INGRESO MÍNIMO VITAL LLEGUE SIN DILACIONES NI EXCLUSIONES A LAS PERSONAS SIN MEDIOS DE SUBSISTENCIA
Su aprobación unánime en junio 2020, como prestación permanente de la Seguridad Social dotada con 1.000 millones de euros en 2020 y 2.988 en 2021 es una medida esencial contra la pobreza y exclusión social. La tasa AROPE (indicador del ODS 1: reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza) era en 2019 en España del 26,0% en las mujeres y 24,6% en los hombres, alcanzando a uno de cada dos hogares monoparentales, el 81% encabezados por una mujer (EAPN), muy por encima de la UE-27, donde son pobres el 22,0% de las mujeres y 20,2% de los hombres.

Respecto a la cuantía del IMV, hemos de denunciar el incumplimiento de la recomendación de la Carta Social Europea , que fija la cuantía mínima para superar el umbral de la pobreza en este tipo de prestaciones en 739,00 euros mensuales (en el caso español). El Ingreso Mínimo Vital tan sólo llega a 461,50 euros mensuales.

El gobierno anunció que llegaría a 850.000 hogares -en los que viven 2,3 millones de personas, un 30% menores- incluyendo 160.000 familias monoparentales, pagándolo de oficio en junio, sin necesidad de solicitarlo, a 100.000 progenitores, el 9% más pobre del millón de trabajadores perceptores de “puntos” (223 €/mes en promedio) por hijo/hija a cargo. Pero los dramáticos datos a 14 de octubre de 2020 señalan que sólo se está pagando a 88.207 familias:

El presupuesto de la Seguridad Social para 2021
    • no hace alusión a su incapacidad para gestionar una ayuda “vital”, ni al fracaso de externalizarla a una empresa, ni a que la Oferta de Empleo recién acordada se gestione más ágilmente y que no sólo cubra las vacantes por jubilación en su plantilla, sino que se aumente para nuevas gestiones como las propias del Ingreso Mínimo Vital. La digitalización financiada por programas europeos parece la panacea, incluso en la relación con personas mayores, en situación de pobreza, exclusión o trata, cuya brecha digital ha evidenciado el COVID.
- vincula su cuantía a la de la Pensión No Contributiva, que al subir el 1,8% será de 395,60 €/mes en 14 pagas en el caso de persona beneficiaria individual, más un 30% por cada miembro adicional de la unidad familiar hasta un máximo del 220 %.
- reconoce que la sustitución de la asignación o “puntos” por menor sin discapacidad a cargo (que en diciembre 2019 cobraban 1.223.482 personas y costaba más de 3.000 millones al año) por el Ingreso Mínimo Vital, que se integra en el mismo programa de Protección familiar, le permite financiar la mitad de sus 3.000 millones.
- mantiene las prestaciones por cada hijo con discapacidad (473 €/mes en promedio), que suben el 0,9%, y la paga de 1.000€ por nacimiento o adopción en familias numerosas o monoparentales y madres con discapacidad con ingresos inferiores a 1.117 €/mes. Bajan un 35% (de 14,3 a 9,3 millones) los subsidios por discapacidad del RDL 1/2013 porque no admite nuevas incorporaciones.

Pedimos
    • que el Ingreso Mínimo Vital llegue sin más demoras a todas las personas sin recursos de subsistencia
    • que sea un derecho individual, no de la “unidad de convivencia”, concepto que enmascara el rol patriarcal de “cabeza de familia”
    • rebajar la edad mínima, redefinir el concepto de familia monoparental y reducir algunos requisitos para las personas solas, pues en estos meses de practica están manifestándose como barreras para personas necesitadas
    • que la Seguridad Social desglose cada mes las prestaciones por sexos y cuantías
    • que se mejoren el personal y medios de gestión, para resolver las solicitudes en el plazo de un mes
    • Homogeneizar los procedimientos para que no existan diferencias entre Comunidades autónomas
    • que incluya a las personas solicitantes de asilo o protección internacional
    • que sea realmente accesible a las víctimas de trata y las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista

4.- LAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SUBEN EL 156%

Respecto a lo presupuestado en 2018. Pero la estructura por capítulos -2,95% para personal frente al 80% para subvenciones a otras entidades, el 85% a las Comunidades Autónomas- puede configurar al Ministerio de Igualdad en mero intermediario de fondos, sin realizar su propia política hacia la ciudadanía.
Pedimos que el Ministerio de Igualdad tenga una plantilla de personal adecuada, porque con 248 personas, aunque en 2021 convoque y cubra 150 puestos de trabajo (pág. 142), ni siquiera puede hacer la comprobación y control que establecen las leyes de subvenciones y contratos, para que se apliquen a la finalidad presupuestada. Según los Indicadores (pag. 117) en 2019 han ejecutado todos sus fondos el 10% de las CCAA y el 70% de los ayuntamientos.
Además pedimos que en el artículo 19 de la Ley de PGE y en la Oferta Pública de Empleo 2021 se reponga el 100% de la plantilla del Instituto de la Mujer y se dote la del Ministerio y se permita a los organismos de igualdad autonómicos y locales, crear o convertir a empleo público 1.800 puestos de profesionales de los servicios de igualdad y contra la violencia de género, para que funcionen realmente como esenciales, como establece el Decreto-Ley 12/2020.
Pedimos que los 312,8 millones a transferir a las Comunidades Autónomas sean Programas plurianuales del Ministerio de Igualdad (art. 29 de la Ley Presupuestaria) con objetivos claros e indicadores de ejecución que permitan la medición, seguimiento y evaluación del resultado en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.

Programa 230A Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 48,5 millones de €:
    a) 962.000 € para mejora, digitalización y ampliación del servicio de atención telefónica 016 (con 68.714 consultas en 2019) y telemática, a través de dos nuevas contratas, una para atención sociolaboral y otra para atención social, jurídica y psicológica a víctimas de trata y de explotación sexual.
    b) 16 millones de inversión en equipos de teléfonos ATENPRO, aumentando las 14.805 víctimas de violencia cubiertas (por Cruz Roja y Eulen vía FEMP) a 49.324, incluyendo a las víctimas de trata y explotación sexual.
    c) Transferencia de 19,8 millones a las Comunidades Autónomas para la creación de Centros de Atención integral 24h a víctimas de violencia sexual, cumpliendo el art. 25 del Convenio de Estambul.

Programa 232b Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se desdobla en 201 millones para el Plan Co rresponsables de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género y 20 para el Instituto de la Mujer.
El Plan Corresponsables será una Bolsa de cuidadoras y cuidadores a domicilio de niñas y niños menores de 14 años, un máximo de 4-6 horas diarias de lunes a viernes, para que sus madres -en especial de familias monoparentales o de colectivos vulnerables- puedan mantener o encontrar un empleo. Será gratuito o en copago según el nivel de renta. Para ello la Secretaría de Estado contará con 1,2 millones para personal, 3 millones para estudios y trabajos técnicos y 7 millones para inversión, y transferirá 190 millones a las Comunidades Autónomas, para que ellas gestionen la demanda y contraten a las cuidadoras/es. No cuantifica objetivos pero su cuantía supone unos 5.000 empleos a tiempo completo. Aunque alude al “proceso de universalización de la Educación Infantil, con plazas públicas suficientes” no menciona que se gestione por las consejerías autonómicas de educación, ni que tenga carácter plurianual.

Instituto de la Mujer: tiene 20, 4 millones, un 3% más que en 2018, aunque reduce un 6% su capítulo de Personal, lo que puede reiterar la baja ejecución de su presupuesto  en 2019, que fue de 18,4 millones, un 8,2% inferior a 2018, y dejó sin gastar el 38% (incluso 1 de cada 4 euros en personal) y se retrasó en el pago de las subvenciones. Aumenta de 5,6 a 6,5 mill la contratación de servicios;  el capítulo 4 baja de 6,5 a 4,7 mill, subiendo de 2,1 a 3,1 las subvenciones por convocatoria, bajando las nominativas y retomando las becas de formación María Telo; sube las inversiones de 0,7 a 6,7 mill; prevé reconvertir la base de datos Mujeres en cifras en un sistema integrado de indicadores para evaluar las políticas de igualdad; aumentar la proporción de mujeres en el personal investigador, estancada desde 2009 en el 39% y aprobar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades con 4 ejes: Transversalidad de género, nuevo pacto social: justicia económica y redistribución, ciudadanía social y transición feminista y violencias contra las mujeres.
Entre sus indicadores de objetivos destacamos 10.675 Mujeres especialmente vulnerables beneficiarias de inserción laboral, 3.500 entidades asesoradas para planes de igualdad, 21.000 participantes en cursos de formación en igualdad de oportunidades y perspectiva de género, 3.000 participantes en programas para promover la coeducación, 5.000 participantes en programas parala eliminación de la brecha digital, 6.000 consultas al servicio de información para mujeres y 1.500 al de asesoramiento frente a la discriminación por razón de sexo
Programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 180 millones.  Fue también histórico el aumento, gracias a la movilización feminista y la enmienda parlamentaria, en el Presupuesto del Estado para 2018 y sus prórrogas en 2019 y 2020, de los 120 millones para “nuevas o ampliadas competencias en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” 100 transferidos a las Comunidades Autónomas (que este año bajan a 90) y 20 a los Ayuntamientos, gestionadas por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de género. Además los 80 millones de aumento en la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas en su Informe de 08.03.19 señaló que no han sido identificados en programas presupuestarios de los Ministerios del Interior (43 millones), Justicia (14), Empleo y Seguridad Social (12) y Hacienda (2 para ayudas a las víctimas).
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género gestionará 60,1 millones, un 52% más que en 2018. Los fondos del Pacto de Estado transferidos -aparte de que en 2019 solo los gastaran totalmente el 10% de las CCAA y el 70% de los ayuntamientos- como dijo la Delegada en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado el 14 de octubre 2020, tienen un seguimiento “artesanal”, careciendo aún de un sistema de indicadores objetivos de seguimiento y evaluación y de una aplicación informática de recogida y difusión de datos, ante 38 mujeres y 3 menores asesinados y 19 niños y niñas huérfanos de enero a octubre 2020.
A los ayuntamientos no se les duplican los 20 millones, como en el rechazado Proyecto de Presupuestos 2020. Y la Ministra de Igualdad anunció en la Comisión parlamentaria de seguimiento el 18 de mayo que en 2020 en vez de repartirlos entre los 8.131 como en 2018 y 2019, solo les transferirán directamente a los 63 con más de 100.000 habitantes o capitales de comunidad autónoma o provincia, rasero altísimo, mientras los de los municipios de menor población se mandarán a las diputaciones provinciales o forales y a los consejos o cabildos insulares.
Pedimos, transcurridos 16 años de la aprobación de la Ley O. 1/2004 y tres del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que el Ministerio de Igualdad establezca un marco estable -plurianual- de financiación estatal para los servicios que establecen para la prevención en la educación y la sanidad, competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, reforzados por la ley de Educación en debate y el Plan director de convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y de la atención social, psicológica y jurídica en el ámbito local o autonómico que establece su artículo 19 y la Macroencuesta 2019 revela que sólo han obtenido el 7% de las mujeres que han sufrido violencia, fijando ratios por población de profesionales y coste de personal, rendición de cuentas y de datos de resultados.
Programa 232D. Igualdad de trato y diversidad. Sus 1,8 millones los gestionan la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI y la Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial, para actuaciones de formación de personal público y operadores jurídicos y sociales, estudios, Acuerdo de colaboración suscrito entre los Ministerios de Justicia, Interior, Educación y Formación Profesional, de Cultura y Deporte, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Jurídicos y Fiscalía General del Estado en materia de lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, así como el funcionamiento del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica y actividades del Decenio internacional para los afrodescendientes (2015- 2024)
Programa 232M. Dirección y Servicios Generales de Igualdad, 6,7 millones de €. Este programa es nuevo, derivado de la creación del Ministerio de Igualdad, con anterioridad subsumido en el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad. Comprende las funciones de supervisión, coordinación, elaboración de expedientes de contratación, gestión administrativa, económico-financiera y presupuestaria de las unidades y Organismo adscrito, la dirección de personal, actividad internacional, portal web, sede electrónica e Intranet, y la competencia de la Subsecretaria y de la Secretaría General Técnica del Ministerio.

5.- DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES: AUMENTA UN 34% EL GASTO DEL ESTADO, AUNQUE TODAVÍA NO SE CUBRE EL DÉFICIT DE 8 AÑOS DE RECORTES
En Dependencia, el nuevo Proyecto de PGE/21 supone un cambio de estrategia sobre los últimos años que esperemos se consolide en el futuro. El gasto promedio por dependiente atendido en 2019 fue de 7.948 € /año, de los que la Administración Central aportó solo 1.276 € en concepto de nivel mínimo garantizado, es decir 106 € al mes por cada persona beneficiaria de la ley, aportación que ya venía disminuyendo.
En 2020 la pandemia provocada por el COVID 19, por el que hasta octubre han muerto 21.862 ancianos en residencias, ha supuesto una crisis sanitaria, social y económica que ha agudizado los problemas de los  servicios sociales en general y de la atención a la dependencia en particular. Todos los indicadores del Sistema de Dependencia han caído estrepitosamente registrando valores de atención muy inferiores a los de inicio de este año.  (Entre el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, había 3.391 personas dependientes menos recibiendo una prestación). La Atención Residencial perdió 14.999 personas (-9%), siendo la que más cayó; pero también lo hizo el Servicio de Ayuda a Domicilio con 4.238  personas menos y los Centros de Día con una bajada de 5 puntos (4.764).  Es decir, no solo había menos personas atendidas, sino que además se habían perdido unos 10.000 puestos de trabajo remunerados.
Por todo ello, vemos con esperanza este nuevo presupuesto para 2021 que asigna para el programa 231l un total de 2.354 millones, lo que supone un aumento de 34,4%  (603 millones) sobre el del año 2020. Siendo lo más resaltable  que, tal como se venía pidiendo por todos los actores afectados por estas prestaciones, el aumento se centra en la aportación del Estado al nivel mínimo garantizado para cada persona dependiente, fundamentalmente con Grado III o Gran dependencia, pasando de 130,13 a 235,00€/mes por persona afectada. Esta inyección de recursos al sistema de dependencia supondrá a su vez la creación de unos 25.000 puestos de trabajo, en línea con la 1ª propuesta de más de 100 organizaciones feministas a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados: la creación de un millón de empleos en servicios públicos de cuidados de ahora al año 2030.
Sin embargo, a pesar de la importante subida que se propone, no podemos dejar de recordar que  no se podrá eliminar toda la lista de espera y los servicios seguirán siendo aun escasos y deficientes. Hay 384.149 personas en esta situación, el 61 % tienen ya reconocido el derecho  y el resto están a la espera de ser valoradas. Según la ADGSS, hasta septiembre de este año, 35.277 personas dependientes han fallecido en lista de espera sin haber recibido la prestación que les correspondía.
Por todo ello vemos con sumo interés el programa 230A del Ministerio  de Derechos Sociales y Agenda 2030  financiado con fondos europeos, que recoge más de 800 millones de euros para articular una estrategia a varios años para conseguir la cobertura universal del servicio de teleasistencia y formar a los profesionales en la metodología de atención centrada en la persona.
La pandemia ha puesto en evidencia que es imprescindible modificar el modelo de cuidados de mayores en las residencias y centros de día y en la ayuda a domicilio, apostando por residencias públicas de gestión pública y estableciendo una norma estatal con mínimos de ratios de las distintas profesiones y categorías y de módulos de financiación. Es el mejor reconocimiento al dolor que han vivido y siguen viviendo las personas mayores, sus familiares y sus cuidadoras profesionales.

Respecto de los Servicios Sociales, el programa 231F recoge un aumento de la transferencia a la Comunidades Autónomas para el mantenimiento del sistema público de servicios sociales de base que atiende a todos los ciudadanos, pasando de 134.412 a 164.412 millones de euros, lo que supone un 22% de incremento. Es de reseñar que entre sus objetivos figura “el aumento de más de 12.000 profesionales en plantilla para el desarrollo de las prestaciones”.


6.- SANIDAD: LA URGENCIA DE LA RESPUESTA AL COVID LE HACE OLVIDAR LA EQUIDAD DE GÉNERO
El presupuesto del Ministerio de Sanidad para 2021 es de 3.146 millones de euros, un aumento del 374% respecto al de 2018 (663 millones). Sus objetivos recogen muchas de las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción que,  “reforzando el Ministerio de Sanidad sin quitar competencias a las comunidades autónomas” asignan al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) nuevas competencias de cogobierno, para
- afrontar un posible rebrote de la pandemia del COVID19, y cualquier otro tipo de epidemia o catástrofe
- acabar con la temporalidad estructural actual, subir los ratios de médicos/as y enfermeros/as por habitante
- reforzar los recursos de la Atención Primaria de Salud como pilar esencial del SNS, con objetivos e indicadores
- Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos para posibles futuras pandemias.
Para ello, prevé aumentar los recursos destinados al SNS hasta alcanzar en 2024 la media europea en porcentaje del PIB, destinando todo el incremento a sanidad pública de gestión directa.
No son tan visibles en el Presupuesto otras conclusiones de la Comisión de Reconstrucción como :
- dotar a las residencias de mayores y de personas con discapacidad de una Atención Primaria adecuada
- incrementar gradualmente la inversión en I+D+i biosanitaria en los próximos 5 años hasta el 2% del PIB
- eliminar el copago farmacéutico


El Presupuesto consta de 11 programas, cuya efectividad dependerá de la capacidad de “cogobernanza” con las Comunidades Autónomas que los gestionan, y el 94% se financiará con fondos europeos:

Los pilares del presupuesto son:
- hacer frente al mayor reto sanitario del último siglo: la pandemia internacional por la COVID-19
- recuperar los derechos sanitarios que se han visto limitados en las anteriores legislaturas
- impulsar políticas públicas que contribuyan a revitalizar el Estado de Bienestar
- mejorar la gestión de la información sanitaria, la innovación y el impulso a la salud digital

La igualdad de género no aparece en sus objetivos, salvo en algún apartado, como tampoco la mejora de la salud sexual y reproductiva, salvo en el Observatorio de Salud de las Mujeres.
Destacan:
- la adquisición de vacunas frente al COVID-19 para el conjunto de la ciudadanía
- garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al SNS
- ampliar y homogeneizar los servicios de atención bucodental en la cartera común de servicios del SNS
- crear y equipar el Centro Estatal de Salud Pública  
- abrir el Centro Global de la Organización Mundial de la Salud en el campus del Instituto de Salud Carlos III
- Impulsar el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, su Oficina Ejecutiva y la Subcomisión científico-técnica en el CISNS, actualizar la Cartera de Servicios de la Atención Primaria, mejorar la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales de sus profesionales y potenciar en ella el uso de las TIC
- Profundizar en los mecanismos de coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas
- Reformular los Fondos de Compensación del SNS
- Plan anual de trabajo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS
- impulsar el Observatorio de Salud de las Mujeres, recuperado en 2018, para la equidad en la salud
- impulsar la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud
- actualizar e impulsar la Estrategia Nacional de Equidad en Salud
- Plan de Lucha contra el Tabaquismo.

La Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS creada en agosto de 2020 ante el Covid gestiona los proyectos europeos para:
- Tarjeta Sanitaria Interoperable para la atención sanitaria de los ciudadanos en todo el Estado
- Historia Clínica Digital del SNS para el acceso a la información clínica en cualquier Centro de salud en España.
- Receta electrónica
- Implantación de la interoperabilidad de Salud en el ámbito europeo Patient Summary, ePrescription/eDispensation.  
- Impulsar la analítica de datos y la explotación de la información en el Sistema Nacional de Salud.  
- Apuesta por la Salud Digital y el desarrollo de la Sanidad en Línea  
- Apoyo a las Comunidades Autónomas para mejorar los sistemas de información sanitaria y salud digital del SNS
- Informe Anual del SNS con un enfoque integral de la salud y su protección y perspectiva de la equidad, la calidad y la eficiencia. (Falta la perspectiva de género)

Programa 230A Plan Nacional de Drogas: en sus objetivos no plantea en ningún momento líneas de prevención y atención de las diversas adicciones con perspectiva de género, en la información epidemiológica y en las propuestas terapéuticas. Solo alude a “sus Comisiones de Salud, Social, Tercer Sector, Laboral, Género y Comunicación”.

Programa 310A Mecanismo de recuperación y resiliencia: sus puntos de interés para estas inversiones son el Centro Global de la OMS, Plan de renovación digital y de tecnologías y Agencia Española de Medicamentos.
Fomento  de nuevas tecnologías sanitarias e investigación clínica: formación a investigadores independientes en nuevas alternativas terapéuticas que respondan a las necesidades reales de la sociedad con garantías de seguridad, eficacia y calidad. No se menciona la perspectiva de género a tener en cuenta en todo proyecto de investigación.

Actividades hacia los profesionales sanitarios: para la mejora de formación continuada y otros aspectos. En solo uno de ellos aparece: Impulsar y reconocer el desarrollo profesional, desde un enfoque de igualdad de género.

Información a los ciudadanos sobre temas de salud, en los ámbitos de su propia salud y de los servicios sanitarios. No aparece la perspectiva de género, ni la brecha digital que afecta a la población mayor mayoritariamente mujeres.

Programa de Sanidad exterior: iniciativas sanitarias hacia las personas que viajan a España. En ningún punto se alude a  los condicionantes de género que afectan a las mujeres en el proceso migratorio y sus riesgos específicos de salud.

Salud Laboral. No alude a  los condicionantes de género que afectan a las mujeres en el ámbito laboral

Promoción de la Salud y Prevención. Incluye el género junto a otros determinantes sociales de equidad, e incluye como línea de trabajo la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo, aunque sin especificar contenidos.

No incluyen objetivos ni indicadores de igualdad de género, en la epidemiología y en las respuestas sanitarias, los Programas de Control de VIH, SIDA, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis; las Estrategias en salud dirigidas a enfermedades crónicas y la Participación de pacientes y ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud.

Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible. En el apartado de Determinantes sociales menciona: “Abordar y prevenir la violencia interpersonal, incluidas las consecuencias negativas de la violencia interpersonal” y “Promoción de inclusión social, igualdad de género y derechos humanos“
En el apartado Estilos de vida se incluyen: salud infantil y adolescente, envejecimiento saludable, mejorar la salud de mujeres y hombres y salud sexual y reproductiva.

Sus Indicadores, pese a las variaciones presupuestarias mantienen la cuantificación de objetivos. El 4 analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las inequidades, con énfasis en las desigualdades de género

Se observa la continuidad en el limitado número de iniciativas referidas específicamente a las desigualdades de género. No aparece presupuestación para el Observatorio de Salud de las Mujeres.

7.- EDUCACIÓN AUMENTA UN 97%, Y SE CENTRARÁ EN LA MODERNIZACIÓN DE LA FP, LA ATENCIÓN DE 0-3 AÑOS, EL REFUERZO EDUCATIVO, LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA DIGITALIZACIÓN, SIN INDICADORES ESPECÍFICOS DE GÉNERO PARA TODOS LOS PROGRAMAS

Las dotaciones destinadas a la política de Educación en el año 2021 ascenderán a 5.678 millones de euros -casi el doble del de 2020 de 2.876 millones- de los que 1.852, el 33%, proceden del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.
El grueso se sigue concentrando en la concesión de becas y ayudas a estudiantes para las etapas no obligatorias, ni gratuitas y financia también la aportación del programa Erasmus+, la dotación de libros de texto y material didáctico, y becas de aprendizaje de lenguas extranjeras que supone un 42,7% del total de la política educativa. Dado que se está revisando dicho sistema estatal para asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones en el ejercicio del derecho a la educación, instamos a crear esquemas de aprendizaje financiados dirigidos específicamente a alentar a las niñas y mujeres a la formación de aprendices STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y a los niños y hombres a la formación de aprendices de asistencia sanitaria y social.

En el caso del programa Educación Infantil y Primaria, pese a la subida respecto al año anterior con una dotación de 188 mll, baja su peso relativo sobre el total del gasto educativo (3,8% en 2021 frente a 6,2% en 2020) y se abre la posibilidad de incrementar las plazas del primer ciclo de educación infantil con la dotación de 202 mll € asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Instamos a que esto sea un primer paso en la subida necesaria de al menos 2.898 mll € para cubrir el 72% de la cobertura de 0-3 años considerando la equiparación de permisos a 16 semanas con jornadas de 40 hrs/semanales (escenario base actual) según el estudio de viabilidad económica realizado por el Instituto de Estudios Fiscales1.

El programa de Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas con una dotación de 420,63 mll € sin plan UE, baja respecto al año anterior (de 741.11 mll que suponían el 25,8% del total de la política educativa pasa al 8,6%) lo que se espera compensar con la dotación adicional de 556,10 mlll € del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Nuestras cifras nacionales de abandono escolar casi duplican la media europea, teniendo España la mayor cifra de abandono temprano de hombres (21,7%) y la tercera cifra más alta en mujeres (14%), situando la tasa de abandono educativo temprano total (porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha completado el nivel de E. Secundaria 2.ª etapa y no sigue ningún tipo de educación-formación) en el 17,3% en 2019, según las variables educativas de la Encuesta de Población Activa analizadas por el Ministerio de Educación y FP. Una modernización del modelo de FP es fundamental y no será viable si no integra la perspectiva de género, que oriente sin sexismo y estereotipos sobre las carreras y el desarrollo de competencias profesionales adaptándose a las nuevas necesidades que pongan los cuidados (de las personas y el planeta) en el centro.

El programa de Formación Permanente del Profesorado de Educación con una dotación total de 16,89 mll € (incluye plan UE) supone una subida respecto del año anterior (en 2020 era 1,95 mll) pero sigue muy por debajo de los 52,33 millones con los que contaba en 2011, por lo que entendemos no formaliza el impulso del cumplimiento del artículo 7 de la LO1/2004 dedicado a la formación inicial y permanente del profesorado para que para que en el ámbito de las Escuelas de formación del profesorado, tanto en los estudios de grado como en los masters, se incluyan planes de estudios con contenidos especializados en pedagogías para la igualdad y prevención de la violencia de género (medida 13 del Pacto de Estado de Violencia de Género).   

El programa de Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas con una dotación de 58 mll € buscan compensar las desigualdades (refuerzo de competencias básicas, luchar contra el fracaso escolar, fomentar el intercambio cultural, fomento de la tecnología, inclusión educativa, etc.). En 2021 se financiará adicionalmente con 1.002 mll € asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para digitalizar las aulas y reducir la brecha digital, entre otros aspectos. Instamos a que la mirada de lo tecnológico y la brecha digital se empape del enfoque de género si realmente no se quiere dejar a nadie atrás.


8.- MEDIO AMBIENTE, 6.700 MILLONES Y EL RETO DE DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA
Las dotaciones destinadas a las políticas medioambientales en el año 2021 ascenderán a 9.606 millones de euros considerando el plan de la UE. Excluidas las dotaciones asociadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ascienden a 6.727 millones de euros, la política de Transición ecológica y reto demográfico se sitúa en 2.879 mill € .
De todos los programas del Ministerio, el 64% de los programas tienen objetivos e indicadores desagregados por sexo. Pedimos que se realice en el 100% de los programas.
La partida más relevante es la dotación de 5.300 mill en el programa 420B Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que va a ser gestionado por el IDAE para la incentivación de la rehabilitación energética de edificios; para la mejora de la eficiencia y transición energética del sector industrial; para la movilidad eficiente y sostenible y para las energías renovables térmicas y eléctrica, para la promoción de energías renovables, eficiencia energética,cumpliendo con ello las medidas prevista en el PNIEC.

La descarbonización de la economía implica, entre otras actuaciones, la penetración de tecnologías de generación eléctrica mediante la utilización de fuentes renovables. Desde el ecofeminismo se señala cómo los cambios de modelo se han de basar no sólo en la sustitución por fuentes de energía eléctrica cuyo proceso de obtención también es contaminante, o requiere de minerales que son escasos, sino también observar políticas públicas que nos conduzcan a una reducción del consumo de energía, relacionado con un modo de vida más frugal, no tan basado en el consumo.

Actualmente la demanda energética española es cubierta en un 75% por combustibles fósiles: el petróleo para el transporte y gas natural para producir calor, fuentes que hay que importar a elevados precios (entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019 España ha importado petróleo, gas y derivados por valor de más de 35.000 millones de euros). El “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” financiado con fondos de la Unión Europea tiene como uno de sus 4 ejes la transición ecológica y entre sus políticas tractoras una Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, Infraestructuras y ecosistemas resilientes y una Transición energética justa e inclusiva.

Pedimos que se considere la perspectiva de género en todo el ciclo de la planificación de las 10 políticas tractoras;  en el análisis de contexto, planificación de acciones, establecimiento de indicadores de género, ejecución de los fondos y evaluación con enfoque de género. También, que el proceso se realice de manera participativa e inclusiva.

Asimismo pedimos que las 10 políticas integren los siguientes temas cruciales para el feminismo y medio-ambiente:
a) Promover un cambio cultural hacia la valoración del trabajo del cuidado como fundamento de la economía, el mantenimiento de la vida y la sostenibilidad ambiental. Reconocer, valorar y distribuir este trabajo mediante políticas públicas
b) Promover empleo, sin discriminación de género, en una economía descarbonizada
c) Conectar las políticas locales y nacionales, fomentando la producción y consumo local vinculado a la economía verde
d) Promover el urbanismo participativo y el fomento de medios de transporte público y no contaminante.
e) Transformar las cadenas de suministro de alimentos para permitir la producción, distribución y consumo de alimentos locales y sostenibles y así, promover que la Política Agraria Común avance hacia la agroecología.
f) Abogar por el mantenimiento y disfrute de la vida, combinando jornadas de trabajo más cortas junto con políticas de conciliación y de igualdad de género en el trabajo remunerado y no remunerado.
g) lucha contra la pobreza energética. La pobreza energética vinculada a la capacidad de los hogares de mantener una temperatura adecuada ha crecido en España y afecta al 9,1 % de la población. Distintos estudios (3) apuntan que la vulnerabilidad asociada a la pobreza energética aumenta en el caso de los hogares liderados por mujeres, en mayor proporción en los hogares unifamiliares de mujeres mayores de 65 años, y más todavía en los hogares monoparentales configurados por una mujer con uno o más hijos al cargo. Por ello es imprescindible que las políticas públicas incorporen el sesgo de género en las soluciones que propongan.
h) condiciones para la concesión de ayudas públicas a las empresas. Para acceder a los fondos de recuperación, las empresas deberán combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad, eliminar la brecha salarial y no operar, ni tener filiales, en paraísos fiscales.
i) proponer una reforma del PIB, para incluir indicadores sociales y no sólo económicos para medir el bienestar.


El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) pone en riesgo los presupuestos públicos y el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima, mediante las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas. El TCE pone en peligro los objetivos contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. España es, a día de hoy, el Estado más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias, de las cuales 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto supone 1.046 millones de euros, cifra que equivale a casi 7 veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático. Más de 200 organizaciones han pedido que España que salga del TCE.

9.- UNA ACCIÓN INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN QUE NOS COLOCAN A LA COLA DE LA COMUNIDAD DE DONANTES.
La propuesta actual para la cooperación de los presentes PGE2021 nos avoca a no pasar página de la década perdida y seguir un año más con una cooperación deprimida, con importantes consecuencias políticas. Antes de todo significa seguir en el furgón de cola de la comunidad de donantes. En 2019 nos situamos en un 0,19% de esfuerzo de ayuda y con la propuesta actual no cambiaría esta realidad. Es una anomalía en la comunidad internacional, algo impropio de un país del tamaño de España y una señal de desconexión con una sociedad que nunca ha dejado de apoyar la cooperación. De esta manera se alejan los compromisos de la coalición de gobierno para esta legislatura que es  alcanzar el 0,5 y reforzar el sistema de cooperación. El compromiso de recuperación bilateral (AECID), la más dañada en la década perdida, es irrisorio y supone perpetuar la debilidad de la que debería ser la principal agencia ejecutora de la cooperación española.
Además, la Agenda 2030, el leitmotiv del gobierno, fallaría en su dimensión internacional y en una de sus políticas palanca, dejando a muchas personas atrás.
La propuesta actual se aleja de los compromisos del gobierno y será muy difícil alcanzar el 0,5% al final de la legislatura. El programa de cooperación al desarrollo del Ministerio de Asuntos Europeos y Cooperación (MAUC) es el input más estratégico y genuino de la política de cooperación: en los últimos años este programa no ha superado el 25% del total de la AOD y esta tendencia no parece que vaya a cambiar con la propuesta actual de PGE2021. El programa alcanza en los PGE2021 los 670 M - 119 M más que en PGE2018 (21%) - y es el segundo programa más importante con un 36% del presupuesto asignado al ministerio. El programa de cooperación del MAUC representa el 0,12% y la AECID el 0,07% del conjunto de la propuesta de PGE2021.
El Informe de Impacto de Género, explicita en la Política 14, los compromisos con la inversión en género. La Política Exterior y de Cooperación para el desarrollo  en las diferentes partidas de los programas: 141M; 142A; 142B; 143A; 144A y 144B, plantea una serie detallada de objetivos e indicadores de género que difícilmente podrán alcanzarse con lo asignado a estas partidas en los presupuestos 2021. 

Comparando el presupuesto prorrogado del 2020 con el 2021, los cambios son mínimos,  se observa un incremento en la partida 143A, Cooperación al desarrollo, que según el análisis de la Coordinadora de ONGD, se correspondería con un “novedoso incremento de 62 millones en contribución a Organismos internacionales”. A falta de conocer los detalles de la propuesta de su aplicación, muestra una dirección adecuada en la línea de recuperar la presencia de la cooperación española en el ámbito multilateral. Es importante señalar que estos recursos suponen el 7% del presupuesto multilateral. Tradicionalmente la mayor parte de las contribuciones multilaterales a organismos internacionales (desarrollo y no desarrollo) se encuentran en la Secretaría de Acción Exterior (45%) y en la Secretaría General del Tesoro y financiación internacional (48%). En todo caso no tenemos no tenemos información sobre cuál sería el reparto de estas contribuciones y  cuánto se atribuye a organismos y/ o programas relacionados con la defensa de los Derechos de las Mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos como es ONU-Mujeres, UNFPA, UNDP y UNICEF.
Sin embargo creemos que el Programa 143 A, desde un análisis de género, descontando lo que se atribuye a una cooperación multilateral, no cuenta con suficientes recursos para poder hacer realidad los anuncios de la Ministra de Asuntos Exteriores de querer impulsar y ponernos al nivel de otros países, con una Política Exterior Feminista y con una Cooperación Feminista.
Los objetivos planteados en el Programa 143A, en el informe de impacto de género para la Ley de presupuestos Generales del Estado 2021, de gran importancia para las organizaciones de mujeres y feministas de la Cooperación Española, en un horizonte de construcción de una nueva Ley de Cooperación, y de una nueva política de cooperación Internacional, suponen un incremento importante en los presupuestos.
Noviembre 2020