El lunes 2 de marzo, en el Congreso de Diputados, hemos debatido el
Manifiesto por la igualdad de las mujeres en las pensiones firmado
por 150 organizaciones feministas, con las diputadas Esther Padilla,
vocal del Grupo Socialista en la Comisión del Pacto de Toledo, y las
de la Comisión de Igualdad Pilar Marcos del PP, Isabel Franco de
Unidas Podemos, Pilar Vallugera de ERC, Genís Boadella del grupo
Plural, Sara Giménez de Ciudadanos e Isabel Pozueta de EH-Bildu. El
manifiesto fue presentado por Carmen Castro, de la Cátedra de
Economía Feminista de la Universidad de Valencia y el acto fué
moderado por Rocío Rodríguez, exdirectora del Instituto de la
Mujer.
En dicho acto se trataron las distintas propuestas presentadas en el
Manifiesto y desde las organizaciones feministas se solicitó que
representantes del movimiento feminista formen parten de la mesa de
diálogo del Pacto de Toledo.
El Manifiesto parte de que la pensión contributiva media de los 5
millones de mujeres pensionistas por jubilación, viudedad,
incapacidad, orfandad o a favor de familiares, actualmente asciende a
792,92 €/mes, frente a la media de 1.212,06 €/mes de los 4,7
millones de hombres pensionistas, una brecha del 53%, que duplica la
de los salarios, situada en el 28%, debido a las “lagunas de
cotización” en la vida laboral de las mujeres, de las que sólo 1
de cada 3, frente a 3 de cada 4 hombres, alcanzan los 38,5 años de
cotización exigidos para jubilarse a los 65 años con el 100% de la
base reguladora.
En España se dedican a cuidados familiares no pagados 4,04 horas
diarias por las mujeres y 1,50 horas por los hombres, y es la causa
de que 2,2 millones de mujeres no estén en el mercado de trabajo.
Son 130 millones de horas al día, que según el Informe sobre el
Trabajo de cuidados de la OIT y el Objetivo 4.6 de Desarrollo
Sostenible de la ONU para 2030 deberían sustituirse en parte
invirtiendo 40.800 millones de euros en educación infantil de 0 a 3
años- y en atención a la dependencia, creando un millón de
empleos. Eso beneficiará al sistema de pensiones, contribuirá a
sustituir el modelo hombre-remunerado-contribuyente y
mujer-cuidadora-dependiente por un modelo de mujeres y hombres
cuidadores y sustentadores en igualdad y dará respuesta a la actual
tasa de fecundidad de 1,25 hijos por mujer y al dato del INE de que
el 33% de las mujeres de 18 a 34 años no piensan ser madres por
razones económicas, laborales o de conciliación, pese a la
ampliación de los permisos por maternidad o paternidad en la Ley de
igualdad de 2007, al Decreto-Ley 6/2019 que los amplió
equiparándolos en 2021 y al Complemento de Maternidad a 647.000
mujeres pensionistas establecido en 2015 e invalidado por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea el 12.12.19.
La eliminación de la discriminación de las mujeres requiere
aportaciones estatales y separar la financiación de los complementos
a mínimos, prestaciones por hijos, bonificaciones de cuotas de
personas con discapacidad, autónomas o de colectivos como las
empleadas de hogar y las trabajadoras agrarias por cuenta propia o
ajena.