MANIFIESTO
FEMINISTA
sobre
los Presupuestos Generales del Estado para 2017
La
acción contra la discriminación y la violencia ¿cuestión de
estado?
El
Gobierno ha presentado el 4 de abril de 2017 el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, los primeros de
una nueva legislatura (2017-2020) sin mayoría parlamentaria. Prevé
un aumento de los precios del 1,5% y del 4,1% en el PIB (3,6% en
2016). Los PGE consolidados (incluyendo la Seguridad Social y otros
organismos autónomos estatales) de gastos ascienden a 443.133
millones de euros, 9.566 euros/año por habitante, un 1,5% más que
en 2016. El 40% es para pensiones, 27,2% para intereses y
amortizaciones de préstamos y 9,3% transferencias a Comunidades
Autónomas y Entidades Locales. El de ingresos asciende a 292.091
millones de euros, 280.212 millones no financieros (el 88,2 % por
impuestos y cotizaciones sociales), que bajan el 2,6%, y 11.879
millones por la emisión de deuda pública, que crece un 4,2%.
Estos
PGE reflejan un modelo económico basado en actividades productivas
poco intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que
no atiende las necesidades sociales y que agrava los problemas de
desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y
mujeres; todo ello con desastrosas consecuencias para la economía y
para la sociedad.
1)
El gasto social no solo es escaso sino que potencia una estructura
laboral/familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un
mercado de trabajo altamente segregado por sexos (vertical y
horizontalmente) y una familia en la que los hombres se ven
presionados a mantenerse alejados de los cuidados y las mujeres
presionadas a abandonar sus empleos para cuidar en el seno del hogar.
-
Sigue relegando los servicios públicos. Es significativo, por
ejemplo, que la aportación del Estado al Sistema de Atención a la
Dependencia (1.355 millones de euros) sea inferior a su gasto en
desgravaciones y prestaciones para el cuidado ‘familiar’ de
dependientes en el hogar.
-
Mantiene la imposibilidad de que los hombres cuiden en igualdad
con las mujeres. Es significativo que el permiso de paternidad,
presupuestado en 439 millones de euros, sea aún la cuarta parte que
el de maternidad (4 semanas frente a 16 semanas).
-
Mantiene los incentivos a que las mujeres casadas abandonen sus
puestos en el empleo formal, por ejemplo, al presupuestar 1.115
millones de euros para desgravaciones por tributación conjunta en el
IRPF.
2)
Este sistema es antisocial, ineficiente e insostenible:
-
Es antisocial: no garantiza el derecho de la infancia a la
educación; ni el de todas las personas dependientes a una atención
suficiente mediante servicios públicos; ni el de las mujeres y todas
las personas adultas a un ingreso digno que les permita ser
independientes económicamente.
-
Es ineficiente: despilfarra el capital de empleo de las
mujeres y el capital cuidador de los hombres; favorece la economía
sumergida y causa estragos en las familias y en la sociedad. Las
partidas destinadas a compensar estos efectos son inferiores, no
compensan el desastroso efecto de los incentivos a la retirada de las
madres del empleo, y no serían necesarias si se atajaran las causas
de la desigualdad.
-
Es insostenible: agrava la crisis demográfica, pues no
permite a las mujeres ser madres sin tener que renunciar al empleo
y/o a la promoción. Y agrava también la crisis ecológica, al
potenciar actividades contaminantes en lugar de actividades
relacionadas con el estado del bienestar, las cuales constituyen el
mayor yacimiento de empleos limpios y no deslocalizables.
El Informe Oficial de Impacto de Género adjunto por 9º año al Proyecto de Presupuestos 2017 sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios analizados, cuestión esencial del presupuesto, y se refiere a los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016 ya finalizado, además de omitir la valoración del impacto de género de los tributos y otros ingresos, y de la mayoría de los gastos, en particular los de Seguridad Social, ignorando la brecha de género en las pensiones, y los de atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia.
Nosotras
consideramos que tienen especial influencia en la vida de las
mujeres:
1.-
El presupuesto del medio millón de empleos y los 4,2 millones de
desempleos
Según
el Gobierno, en 2017 se crearán 506.000 empleos. Todos los objetivos
de personas beneficiarias de medidas de fomento del empleo o
protección por desempleo no están desglosados por sexos,
incumpliendo el art. 20 de la Ley O. 3/2007 de Igualdad.
El
programa 241A Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral
tiene 5.488 millones de euros, un 6% más que en 2016, para
actuaciones de inserción, incentivos a la contratación y a
formación. El número de contratos previstos en 2017 para mujeres
víctimas de violencia -1.000 contratos- es irrisorio, tanto en
relación a los 736.500 contratos bonificados que prevé este
programa, como en relación a las 140.000 mujeres denunciantes de
violencia, de las que se estima que el 40% dependen económicamente
de su agresor.
El
programa 251M Prestaciones por desempleo, con 18.318 millones de
euros, baja un 7,6%, después de haberse recortado un 22% en 2016.
Sus objetivos son 711.723 beneficiarios de prestaciones contributivas
y 1.118.625 beneficiarios de subsidio de desempleo, subsidio eventual
agrario y renta activa de inserción. La disminución no es
proporcional a la previsión de disminución del paro, sino a la de
que cada haya menos personas paradas que tengan cobertura, pues la
precariedad laboral impuesta por las reformas laborales impide
acceder a las prestaciones. Así se mantiene en 2016 la tendencia
descendente observada en la tasa de cobertura que se sitúa en el
56,6% cuando en 2008, al inicio de la crisis se situaba en el 74,8%.
El
programa 241N Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía
social y de la responsabilidad social de las empresas pasa de 36
a 11,4 millones, un 69% menos, en parte por no aparecer las
transferencias a las Comunidades Autónomas para la gestión de las
ayudas al trabajo autónomo y en cooperativas y sociedades laborales,
que en 2016 fueron de 24 millones de euros. Las cifras muestran el
escaso interés real, no retórico, del Gobierno por el fomento de la
economía social.
La
leve recuperación económica en 2016 sólo se ha traducido, según
la EPA 4T2016, en 208.500 empleos de hombres y 205.400 de mujeres.
Con 14.000 trabajadores/as más por cuenta propia y 428.500 empleos
privados más, pero se han destruido 14.000 empleos públicos.
Hay
4,2 millones de personas (50,6% mujeres) en paro, de las que sólo
el 46% cobran alguna prestación. Hay 541.700 parados menos, en
parte por bajar la población activa en 127.800 personas, la mitad
por desánimo en la búsqueda de empleo. La tasa de paro es del
20,25% en las mujeres, y 17,22% en los hombres.
La desigualdad en los
cuidados se muestra que sólo el 41% de las mujeres trabaja a tiempo
completo y somos el 73% de los empleados a tiempo parcial.
2.-
Congelación, despidos y marginación del Instituto de la Mujer
El
programa 232B Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres
correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (es decir con competencias adicionales sobre
discriminación de colectivos raciales o étnicos), se congela en
19,742 millones de euros. Es un 41,2% menos que en 2010.
Más
de sus tres cuartas partes están externalizadas (capítulos 2, de
contratación de servicios y 4 y 7 de transferencias), y además,
pese a que aparentemente mantiene su presupuesto de Personal, se ha
hecho público que, además de no cubrir las bajas desde 2010, ha
despedido a cerca del 10% de su plantilla.
Congelación
de presupuesto, falta de objetivos y de peso político,
externalización y despidos, contrariamente al punto 15 de las
Observaciones del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8 de 2015 de restablecer
el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, con recursos humanos y
financieros adecuados para iniciar, coordinar y ejecutar las
políticas de igualdad de género a un alto nivel, y aumentar los
recursos para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, en
coordinación con las CC. Autónomas y cooperación con las
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de
la mujer, hacen del Instituto de la Mujer un órgano cada vez más
pasivo y marginal.
El CEDAW, Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones
Unidas, recomendó al Gobierno de España en 2015 que restablezca el
Ministerio de Igualdad eliminado en 2010 y aumente los recursos del
Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las
mujeres.
El
Instituto de la Mujer dedicará en 2017 el 42% de su presupuesto (8,3
millones) a la contratación externa de ‘material, suministros y
otros’ y el 23% (4,5 millones) a subvenciones. Elimina las
subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades locales para formación
y fomento del empleo femenino, para eliminación de la brecha
salarial y para estudios de género en universidades, que ya en 2016
eliminó a mitad de tramitación. Sube de 900.000 a 1.250.000 € las
subvenciones para planes de igualdad en pymes y sigue apostando por
conceder la mitad de la partida 48 a dedo a la Asociación Nacional
de Mujeres de la Pesca, la FEMP, Cruz Roja, CEPAIM, FSG, FEUP,
Cámaras de Comercio y la CEOE, y repartir la otra mitad, con
publicidad y concurrencia, entre cerca de 70 organizaciones de
mujeres y de otro tipo.
| PREVISIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2017 |
euros
|
| Subv. a la empresa pública CERSA para avales a mujeres emprendedoras |
75.000
|
| Subv. a Ceuta y Melilla para promoción de igualdad e inserción sociolaboral |
100.000
|
| Subv. a PYMES para planes de igualdad |
1.250.000
|
| Subvenciones a asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer |
1.650.000
|
| Subvención a Asociación Nacional de Mujeres en la Pesca |
75.000
|
| Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP |
200.000
|
| Convenios Programa SARA con Cruz Roja, CEPAIM, F. Secretariado Gitano y FEUP |
500.000
|
| Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio |
360.000
|
| Subv a la Conf. de Organizaciones Empresariales (CEOE) |
250.000
|
| Total Capítulo IV |
4.490.000
|
3.-
27,7 millones contra la Violencia de Género frustran el Pacto de
Estado y la demanda social
El
programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la
violencia de género, con 27.728,18, tiene 2,5 millones más que
en 2016 (9,9%), pero aún es un 10,8% inferior al presupuestado en
2010.
Pero
la persistencia de la violencia, las multitudinarias manifestaciones
y la demanda social, así como la ratificación en 2013 del Convenio
de Estambul del Consejo de Europa que exige extender la prevención y
atención a las víctimas de violencia de género fuera de la pareja
y el ‘Pacto de Estado’ acordado por el Congreso de Diputados el
15.11.16, exigen un aumento significativo de recursos.
La
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que lo
gestiona sólo destina un 6% a personal y el 53,3% el gasto en
subvenciones (13,4 millones). De ellos 6 millones son para convenios
con Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para
financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica
a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el
art. 19 de la Ley O 1/2004, una cantidad insuficiente, pues equivalen
al salario de unas 150 profesionales para más de 7.000 municipios.
No
hay recursos, ni en este Ministerio ni en el de Educación, para la
aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de
2004, que obligan a incluir la igualdad en los programas y materiales
del sistema educativo, dar formación inicial y permanente al
profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los
Consejos Escolares y que la Inspección informe sobre el
cumplimiento. Además de la supresión de la breve Educación para la
Ciudadanía, la LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico
o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres.
El
51% de este programa, 5,7 millones de €, son para convenios con las
CC. Autónomas para la asistencia social, jurídica y sicológica a
las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas,
que es la puerta de acceso al sistema, y el art. 19 de la Ley
Orgánica 1/2004 establece como un derecho subjetivo universal de los
2,4 millones de mujeres víctimas (el 12% de los 20,1 millones de las
mayores de 16 años residentes en España, que según la
Macroencuesta 2015 sufren VG). Eso supone 2,28 euros al año, o 0,19
euros al mes por mujer, o cubrir solo el salario de unas 150
profesionales y la atención al 5% de las víctimas.
Pedimos
que se dote con 120 millones de euros la partida 460 de
transferencias a las Corporaciones Locales, porque es la puerta de
acceso a todo el sistema. Que se transfieran directamente a las
Corporaciones Locales para que presten la atención jurídica,
sicológica y social especializada y de proximidad a las víctimas de
la violencia de género y sus hijos e hijas, entendiendo por tales,
como establece el Convenio de Estambul, no sólo a las agredidas por
su pareja o expareja, y que sea una financiación plurianual, para
prestar los servicios públicos estables con plantillas públicas
estables, conforme a las Sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14.09.16, para la atención eficaz a cada víctima
y para la cooperación con los juzgados, fuerzas de seguridad,
centros educativos y de salud y demás instituciones en la prevención
y asistencia a las víctimas.
4.-
El Permiso de Paternidad aumenta, pero no se equipara al de
Maternidad
Es
parte del programa 221M. Aumenta su dotación presupuestaria en 235
millones respecto a 2016, llegando a 438,8 millones de euros, frente
a 1.572,5 millones de euros para permisos de maternidad. El
incremento corresponde a la ampliación del permiso de paternidad de
13 días a 4 semanas, prevista por la ley 9/2009 y que debería haber
entrado en vigor el 1/01/2011.
A
pesar de la ampliación a 4 semanas, el permiso de paternidad solo
alcanza una duración que es la cuarta de la del permiso de
maternidad. Además, estas 4 semanas, según la Ley 9/2009, tienen
necesariamente que tomarse ininterrumpidamente. Así, no solamente se
impide que los padres (o las madres no biológicas) puedan cuidar
tanto como la madre biológica, sino que ni siquiera se les permite
utilizar una parte de su permiso para quedarse al cargo de su bebé
una vez que la madre biológica se incorpora a su puesto de trabajo.
El
uso del permiso de paternidad sigue creciendo, revelándose como un
instrumento útil para la inclusión de los hombres en el cuidado de
sus criaturas. En 2016 se concedieron 244.468 permisos de paternidad,
cifra que alcanzó así el 88% respecto al número de permisos de
maternidad. Además, según una reciente encuesta, el 91% de los
padres y el 93% de las madres se muestran a favor de que el permiso
de paternidad se equipare al de maternidad. Por último, el Congreso
de los Diputados ha votado ya a favor de 4 proposiciones no de ley
instando al Gobierno a impulsar la reforma para que los permisos sean
iguales, intransferibles y pagados al 100% para cada persona
progenitora.
En
consecuencia,
1) Pedimos que se apruebe
sin dilación la reforma de los permisos para que sean iguales,
intransferibles y pagados al 100%, con el diseño que propone la
PPIINA. De esta manera, cada persona progenitora podrá tomarse un
permiso inicial de 2 semanas a partir del nacimiento adopción y
utilizar las restantes 14 semanas para turnarse con la otra persona
progenitora si la hubiera.
2) Mientras, pedimos que
se enmiende urgentemente la Ley 9/2009 para que el actual permiso de
paternidad pueda tomarse en dos bloques antes de que transcurran 6
meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento.
5.-
El incremento real en Servicios Sociales y Atención a la Dependencia
es del 0,8%
En
2016, el gasto público en servicios sociales en España (incluyendo
la atención a la dependencia) fue de 16.700 millones de euros,
asumido en un 60,8% por las Comunidades Autónomas, 25,5% por las
Entidades Locales y solo el 13,7% por el Estado Central.
Como
señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales, el incremento real en servicios sociales en los PGE 2017 es
del 0,8%, 3,50 euros más para cada una de las 8,5 millones de
personas usuarias, cuyo perfil es el de una mujer de 36 a 50 años
con hijos, estudios primarios, en paro y con ingresos medios
mensuales de entre 300 y 500€ (Informe del Consejo General del
Trabajo Social I y II ISSE 2013- 2015).
Aumenta
130 millones de euros (30 en el Programa 231F Otros servicios
sociales del Estado y 100 en el 231I Autonomía personal y atención
a la dependencia), no los 442 (342 para un plan contra la pobreza
infantil + 100 para la Dependencia) anunciados por el Gobierno y
Ciudadanos, pues sólo 30 de los 342 millones contra la pobreza
infantil aumentan realmente el Presupuesto de 2016, ya que:
- 102 millones provienen del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) de la Unión Europea, para ayuda alimentaria y contra la pobreza infantil, de excedentes alimentarios repartidos en años anteriores en la misma cuantía.
- 140 millones corresponden a atención de familias con menores del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, que durante el 2016 no se gastó, por la falta de voluntad de nuestro Gobierno para acoger refugiados, ni siquiera en los términos de la Decisión vinculante del Consejo Europeo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE.
- 100 millones corresponden a la partida de Prestaciones básicas de servicios sociales, reducida un 67% en años en años anteriores, dotada con 70 millones en 2016, y que se incrementa en 30 millones en 2017, el único incremento real para combatir la pobreza infantil.
¿Qué
pasa con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD)? Según datos oficiales, el 31/12/16 había en España
1.213.873 personas, dos tercios mujeres, en situación de dependencia
reconocida, la mayoría con más de 80 años. El 29% de ellas no
recibe ninguna prestación, aun cuando tiene derecho a ellas,
recayendo su cuidado en las mujeres de su familia. Una de cada tres
personas desatendidas tiene reconocido el grado II o III de
dependencia, es decir, necesita apoyo extenso o continuado de 10
h/día en promedio. La prestación mayoritaria (34%) sigue siendo la
paguita, menguada, a cuidadoras familiares.
La
aportación del Estado (Programa 231I) al SAAD será en 2017 de
1.354,81 millones de euros, un aumento del 8,2% que no alcanza para
la atención de las 341.301 personas en lista de espera. El recorte
acumulado del Estado en Dependencia, tras el RD-Ley 20/2012, asciende
a 3.734 millones de euros, considerando la supresión del nivel
acordado y de las cotizaciones de cuidadoras familiares y la
reducción del nivel mínimo. Del gasto público directo en
dependencia el Estado central aportó en 2016 el 17% y las
Comunidades Autónomas el 83%. Esto no se corrige en el presupuesto
para 2017, generando enormes desigualdades sociales, territoriales y
de género e incumpliendo la Ley que establece una financiación al
50%. En los últimos cinco años unas 150.000 personas (90 cada día)
dependientes con derecho reconocido murieron esperando a recibir
prestaciones o servicios. ¿Por qué hay que cumplir la ley cuando se
trata de rescatar autovías y no hay que aplicarla cuando se trata de
atender a personas dependientes?
Cada
millón de euros de gasto público en atención a personas
dependientes genera 35 empleos directos, y retorna al Estado el 39,5%
por impuestos o cotizaciones. Si se atendiera ya a las 350.000
personas en espera –simplemente cumpliendo la Ley- se generarían
más de 90.000 empleos directos, y se liberaría a las cuidadoras
familiares, el 83% mujeres.
El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas es la igualdad de las mujeres, y su 4º apartado es reconocer, valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”. También el punto 29.b) de las citadas Observaciones a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 recomiendan ‘Restaurar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006’. Atender a todas las personas dependientes con derecho exige 3.000 millones más al año, de los que el Estado central debería aportar 1.500.
6.-
Educación: aumenta el presupuesto en becas pero hay nuevos recortes
en programas clave como la educación infantil y primaria o la
compensatoria de desigualdades
Con
las competencias transferidas y la mayoría del gasto educativo
asumido por las Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los
PGE 2017 es de 2.522,76 millones de euros, un 1,7% más que en 2016.
La mayor parte, un 60% es para becas, con un 1,39% más dotación que
que el año pasado. Incluye fondos para el programa de intercambio
europeo Erasmus+ o el de aprendizaje de lenguas extranjeras.
Pese
a que se incrementa moderadamente el presupuesto en educación, sigue
por debajo de los 2.843 millones de euros que había en 2011 y no
repone los recortes de los Decretos 14/2012 y 20/2012. Y es inferior
al de los países de la UE, en todas las etapas, desde que los
estudiantes entran en el colegio hasta que salen de la Universidad.
i)
Falta de claridad del impacto de género de algunos programas clave:
a)
programas con un importante incremento presupuestario: El programa
322L de inversiones en centros educativos, con 90,6 millones de
euros, un 82% más que en 2016, sin embargo, el informe de Impacto de
Género del Gobierno no presenta datos claros de las actividades
previstas para fomentar la igualdad de género, al presentar
información desactualizada.
b)
programas clave para fomentar la igualdad de género, como el 321M
Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte:
cuenta con 87,9 millones de euros, un 3% menos que en 2016. ¿Cómo
afecta la reducción del presupuesto a la consecución de los
objetivos clave para la igualdad de género que persigue? ¿Qué
presupuesto se asigna al logro de cada uno de ellos?
Exigimos
claridad en la descripción de la financiación del programa y de los
elementos que favorecen la igualdad de género.
ii)
Programas insuficientemente financiados: El 322G de Educación
compensatoria de las desventajas socioeducativas (para el
alumnado con necesidades de apoyo, como el colectivo gitano español
y otros grupos vulnerables) cuenta con 4,65 millones (9% menos que en
2016) y el programa 322A de Educación Infantil y Primaria, con 159,2
millones, 0,3% menos que en 2016, reflejo de la incipiente oferta de
servicios públicos accesibles a la infancia (servicios que en otros
países europeos están completamente financiados). Menos de un
tercio de los niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados, la
mitad en centros públicos.
Disminuyen
las partidas de Educación Secundaria, Formación Profesional y
escuelas oficiales de idiomas (429,4 millones de euros, un 4,5%
menos), de educación en el exterior (95,3 millones, un 0,3% menos),
formación permanente del profesorado (2,7 millones de euros, un
17,1% menos) y de deportes en edad escolar y en la Universidad (2,1
millones de euros, un 18,8% menos).
iii)
Incrementos. Aumentan las partidas de enseñanzas universitarias (un
3,5%), enseñanzas artísticas (3,1%) y enseñanzas especiales (5%).
iv)
Sobre la LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”: pedimos
corregir su falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres en
programas transversales y específicos; que la educación segregada
por sexos no se financie con fondos públicos, que se incluya la
educación para la igualdad de género y la educación
afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato
de la Ley O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo, y que se cumpla el punto 27 de las
Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8:
a) actuaciones
específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y hombres
en opciones académicas y profesionales
b) eliminar los
estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la
promoción de la igualdad de género en los planes de estudio
c) Educación sexual y
reproductiva obligatoria apropiada a cada edad, impartida por
personal capacitado e integrada en los programas escolares regulares,
sobre comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo
precoz y enfermedades de transmisión sexual
d) medidas eficaces
contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y aumentar su
educación básica y superior con acciones positivas como becas y
libros de texto gratuitos.
7.-
Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al
aborto sin discriminación de edad
Según
la nota de prensa reflejada en la página web del Ministerio, “El
presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para este año para el 2017 se incrementa en 161,34 millones de
euros, un 7,97%, respecto al del 2016, llegando a los 2.184,6
millones. Es por lo tanto el mayor incremento del presupuesto de este
ministerio desde el año 2011.”
Sin
embargo, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad para el 2017 ha sufrido un recorte del 42% respecto al año
2008, que asciende al 61% si se restan en 2017 los programas
presupuestarios de servicios sociales, no incluidos en este
Ministerio en 2008.
Los
programas presupuestarios más afectados son:
• Investigación
sanitaria: dotado con 43 millones de euros en 2008. Desaparece en
2014 y no cuenta con presupuesto para 2017. Endometriosis y
fibromialgia son sólo dos ejemplos de enfermedades que afectan a las
mujeres y que no reciben la investigación científica adecuada.
• 311O
Políticas de Salud y Ordenación Profesional: dotado con 8,8
millones de euros en 2017. Ha sufrido una reducción del 96% respecto
del presupuesto de 2008, eliminando el Observatorio de Salud de la
Mujer, cuyo objetivo era cumplir en el ámbito sanitario los mandatos
establecidos por la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección
integral contra la violencia de género y por la Ley Orgánica 3/2007
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• 231A
Plan Nacional sobre Drogas: la dotación presupuestaria para el
ejercicio 2017 es de 14,7 millones de euros, el 54% del presupuesto
de este programa en 2008. El consumo de hipnosedantes es el doble en
mujeres que en hombres y alcanza a un 15% de la población femenina,
siendo considerada la tercera droga por nivel de consumo por detrás
del alcohol y el tabaco.
El
informe “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual
y reproductiva en España”1,
señala que la depresión incide prácticamente el doble (20,4%) en
mujeres que en hombres (10,6%). Se declaran sedentarios el 31% de los
hombres mayores de 15 años y el 42 % de las mujeres. La dificultad
para llevar a cabo alguna actividad básica de la vida diaria afecta
al 25,19% de las mujeres mayores de 65 años y al 14,95% de los
hombres. Las mujeres que declaran haber necesitado atención
sanitaria en el año anterior y no habérsela podido permitir por
motivos económicos superan en un 64% a los hombres en cuanto a
atención médica, 27% en atención dental y 40% para medicamentos
recetados.
La
“reforma sanitaria” ha impulsado la privatización. La aplicación
de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula
en educación sexual por falta de presupuesto específico. En 2011 el
Ministerio de Sanidad cambió los anticonceptivos financiados por el
Sistema Nacional de Salud, más por motivos económicos que
sanitarios; subsiste un exceso de cesáreas y episiotomías en el
parto. Tras los recortes sanitarios las mujeres encuentran más
discriminación a la hora de acceder a tratamientos de reproducción
asistida –agravada si tienen una pareja masculina- o tienen que
recorrer cientos de kilómetros para acceder a un servicio de aborto
legal porque en su comunidad autónoma no se lleva a cabo, y sólo el
6% se realizan en centros sanitarios públicos. La reforma sanitaria
también reduce el acceso a medidas de planificación familiar y al
aborto seguro de las inmigrantes en situación irregular, aumentando
su discriminación y vulnerabilidad a la violencia. Aunque desde 2014
hay un tímido incremento en el presupuesto para prevención de VIH,
es mínimo en comparación con la drástica bajada del 90% en el
presupuesto real del Plan Nacional sobre el Sida en 2012. En los
Centros de Internamiento de Personas Extranjeras (CIE) falta atención
especializada a mujeres embarazadas, se han producido casos de
interrupción o denegación de tratamientos y abusos hacia personas
homosexuales y transexuales. Desde 2015 se exige a las jóvenes de 16
a 18 años autorización de sus padres o tutores para abortar.
Frente
a esa realidad, los indicadores de Objetivos de los programas de
Salud y de Juventud no se refieren a igualdad ni a personas2,
lo que contrasta con el Informe Oficial de Impacto de Género de los
PGE 2017, que refiere medidas de personal en el Programa 311M
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y en su página 368 dice que el Programa 311O Políticas de
Salud aplica la medida 125 del Plan Estratégico de Igualdad
2013-2016 ‘Recogida de información desagregada por sexo y edad en
los sistemas de información sanitaria y de los servicios sociales y
análisis de datos’.
Por
todo lo mencionado, exigimos que la dotación presupuestaria de los
programas de Salud:
- Restaure la atención sanitaria universal frente al R. Decreto-Ley 16/2012, que ha excluido a cientos de miles de personas, con especial incidencia en las mujeres, como señala el punto 31 de las observaciones del Comité CEDAW en 2015.
- Recupere la dotación económica del ejercicio 2008.
- Restaure la actividad del Observatorio de Salud de la Mujer e incluya los aspectos de género necesarios para que efectivamente la sanidad sea igual para todas y todos.
- Educación sexual, anticoncepción y aborto en el sistema público, sin discriminación de las menores.
8.-
Olvido reiterado del análisis de género en las pensiones
El
retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años y la
ampliación de 15 a 20 años en el periodo de cálculo para la
pensión contributiva mínima, afecta de manera desigual a hombres y
a mujeres. Pero el informe de impacto de género no analiza la
sección 60, sobre los programas presupuestarios de la Seguridad
Social, aun cuando las pensiones suponen el 41% de los PGE 2017.
En
la actualidad no hay igualdad real de mujeres y hombres en la
protección social. La menor tasa de ocupación femenina, la
desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de
hombres y mujeres, marcadas por la precariedad y la feminización del
cuidado de menores de edad y familiares dependientes a cargo con las
consiguientes “lagunas de cotización” llevan a que la pensión
media de las mujeres (711,25€) sea un 37% más baja que la de los
hombres (1.133,63€), brecha que alcanza más de un 40% para el
tramo de edad entre los 70 y 79 años.
La
discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas se suma
a la alta feminización de las pensiones no contributivas (PNC) con
la gran diferencia que implica sobre las cuantías percibidas. La PNC
es de 367 euros mensuales muy por debajo del mínimo establecido para
las pensiones contributivas de 637 para hogares unipersonales.
Según
datos del IMSERSO a diciembre 2016, son mujeres el 66,42% de los
454.201 beneficiarios de PNC implantadas en 1990 para las personas
con invalidez (52% mujeres) o mayores de 65 años que no han cotizado
el mínimo de 15 años exigido para la pensión contributiva de
jubilación (77,35% mujeres - 22,65% hombres), no son viudas de
personas con 5 o más años cotizados, y no tienen rentas de
cualquier tipo, personales o de la unidad familiar. Esto lleva a que
1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años esté bajo el umbral de la
pobreza.
9.-
La cooperación al desarrollo
sigue cayendo en picado
El
recorte sufrido por la política de cooperación desde 2010 sitúa a
España muy lejos del lugar que le corresponde en relación con su
nivel de riqueza y su posición en el contexto internacional. Desde
el año 2010 hemos pasado de destinar el 0,43% de la riqueza nacional
a un 0.21% en 2017. Además, aquellas partidas con mayor capacidad
demostrada de promover derechos humanos, defender la equidad de
género o de generar cambios en la vida de las personas, siguen
siendo las más castigadas.
E
n
2017, la Ayuda Oficial al Desarrollo española ascenderá a 2.450
millones de euros, lo que supone un 0.21% de la Renta Nacional Bruta.
Son 54 millones de euros más que lo presupuestado en 2016, o un
incremento del 2%, que apenas se corresponde con el incremento de la
RNB desde el pasado año.
| Departamento / organismo / unidad | AOD Presupuestos 2016* | AOD Presupuestos 2017* |
| Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación |
752,97
|
558.69
|
| Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas |
947,23
|
989,00
|
| Ministerio de Economía y Competitividad |
486,49
|
372,33
|
| Otros Ministerios |
32,13
|
257,93
|
| Total de la Administración General del Estado |
2.218,83
|
2.177,93
|
| Otros agentes (CCAA, EELL y Universidades) |
177,47
|
272,77
|
| TOTAL AOD España |
2.396,30
|
2450,72
|
En
el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública
(MINGAFP) prácticamente toda la aportación corresponde a las
contribuciones obligatorias a la Unión Europea, que aumentan en
función del incremento de la RNB.
El
incremento del presupuesto de AOD en el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (MEYSS) se debe a que computa tal el gasto previsto
para refugiados en España, que asciende a 232 millones de €, lo
que representa un 10,65% del total. Un incremento considerable con
respecto a años anteriores que, sin embargo, no debería considerase
como AOD, puesto que no son fondos que contribuyan a la erradicación
de la pobreza y la lucha contra la desigualdad en los países con
menos recursos.
Aunque
el Ministerio de Asuntos Exteriores aumenta su presupuesto un 2,3%
respecto a 2016, la AOD desciende 194,28 millones, hasta 558,69
millones, un recorte del 25%. Un año más el presupuesto de la AECID
será el más reducido, incluso por debajo del presupuesto asignado
en 2012, año en el que ésta política pública experimentó el
mayor recorte. Ello ratifica la irrelevancia a la que ha sido llevada
la AECID como organismo gestor de la cooperación, a pesar de ser el
principal órgano de ejecución de la cooperación al desarrollo,
según la ley de cooperación y desde donde mejor se puede promover
derechos humanos, defender la equidad de género.
Presupuesto para Ayuda Oficial al Desarrollo
|
2016
|
2017
|
Variación 2016-2017
| |
En millones de €
|
En %
| |||
Ayuda Oficial al Desarrollo del MAEC
|
752,97
|
558,69
|
-194,28 €
|
-25,0%
|
AECID
|
229,13
|
228,00
|
-1.13 €
|
-0,49%
|
TOTAL Mº A Exteriores y Cooperación (Cap 1 a 8)
|
1.734.683,19
|
1.774.806,64
|
40.123,45 €
|
2,3%
|
Fuente: Proyecto de
PGE 2017- Informe AOD SECIPI
Abril
de 2017
Seguimos recogiendo firmas de adhesión al manifiesto en https://goo.gl/forms/DgUqgn7JFYgdjdLu1 hasta el acto de presentación que tendrá lugar el
| 1 | Plataforma Impacto de Género Ya |
| 2 | Fórum de Política Feminista |
| 3 | Otro Tiempo |
| 4 | Colectivo Feminista Las Tejedoras |
| 5 | Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos |
| 6 | Generando red contra las violencias machistas |
| 7 | Asociación Nosotras mismas |
| 8 | Mujeres en zona de conflicto |
| 9 | ADAVAS – Asociación de ayuda a víctimas de agresiones sexuales y violencia doméstica |
| 10 | AIETI (Asociación de Investigación y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos) |
| 11 | ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados) |
| 12 | Alquimia Feminista de Fuenlabrada |
| 13 | AMECO -Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación- |
| 14 | AMiLiPS |
| 15 | AmpB Asociación mujeres progresistas Bercianas |
| 16 | ANDREA |
| 17 | Area de la mujer de IU local |
| 18 | Area Federal de la Mujer de Izquierda Unida |
| 19 | Asamblea Ciudadana Ganemos Córdoba |
| 20 | Asamblea Feminista de Madrid |
| 21 | ASOC cultural social y empresaria hispanoemericanosen Javea y Valencia |
| 22 | Asociación Casa de Colombia en España |
| 23 | Asociación Contramarea |
| 24 | Asociacion de Mujeres de San Fernando de Henares Montserrat Roig |
| 25 | Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subversivos |
| 26 | Asociación de mujeres La Rondilla |
| 27 | Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama |
| 28 | Asociación de Mulleres Feministas de Ourense FALANDO NOS |
| 29 | Asociacion Domitila Hernández.Por la Igualdad de Oportunidades |
| 30 | Asociación Feminismos Córdoba |
| 31 | Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán |
| 32 | Asociación Leonesa Simone de Beauvoir |
| 33 | Asociación Mercedes Machado |
| 34 | Asociación Mujeres Opañel |
| 35 | Asociación Mujeres por la Paz |
| 36 | Asociación Por Ti Mujer |
| 37 | Asociación Rural de Mujeres Tiemar |
| 38 | CCOO de La Rioja |
| 39 | Centro de estudios e Investigación sobre Mujeres CEIM |
| 40 | Colectiva Feminista IMPACIENTES |
| 41 | Colectiva Feminista TRECE ROSAS |
| 42 | Colectivo Infancia |
| 43 | Colectiva URBANAS |
| 44 | CONFEDERACIÓN CERES |
| 45 | Coordinadora de Organizaciones de Mujeres por la Participación y la Igualdad |
| 46 | Coordinadora de organizaciones de mujeres y/o feministas por la igualdad en Navarra (COMFIN) |
| 47 | COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN Y PARA LA IGUALDAD |
| 48 | COORDINADORA DE TRABAJADORES DE ANDALUCIA C.T.A. |
| 49 | Dones de Xirivella en Acció |
| 50 | Dones Juristes |
| 51 | El tren de la libertad morado |
| 52 | F. Feminismo PCM |
| 53 | Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid |
| 54 | FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LORCA |
| 55 | FEDERACIÓN PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL |
| 56 | Feminicidio.net- Asociacion la sur |
| 57 | Feminismos -Entrepueblos -Entrepobles -Entrepobles -Herriarte |
| 58 | Foro de mujeres MIRaN |
| 59 | Foro Feminista de Castilla y León |
| 60 | Fórum de Política Feminista |
| 61 | Forum de Política Feminista de Córdoba |
| 62 | Forum de Política Feminista de Granada |
| 63 | Forum de Politica Feminista de Murcia |
| 64 | Fórum Feminista de Madrid |
| 65 | Forum Política Feminista- Málaga |
| 66 | FSS-CCOO (Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios) |
| 67 | Gaia Feminista |
| 68 | Grupo Antígona (Universidad Autónoma de Barcelona) |
| 69 | Grupo de Mujeres de Av. Zarzaquemada |
| 70 | Grupo Feminista "Mujeres en la Calle" |
| 71 | Grupo PROMETEO - Hombres por la Igualdad |
| 72 | Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarollo - ICID |
| 73 | Izquierda Abierta |
| 74 | Les Tisores de Mislata |
| 75 | Libreria mujeres de madrid |
| 76 | Malen Etxea, mujeres inmigrantes |
| 77 | MDM Hipatia - Federal |
| 78 | Movimiento Democtatico de Mujeres |
| 79 | Mujeres de Negro contra la Guerra - Madrid |
| 80 | Mulheres Nacionalistas Galegas |
| 81 | Nira Sesma |
| 82 | Organización de Mujeres CI |
| 83 | ORGANIZACIÓN DE MUJERES CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL |
| 84 | Plataforma 7N Feminista |
| 85 | Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género |
| 86 | Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda-Madrid |
| 87 | Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) |
| 88 | PLAZANDREOK |
| 89 | Red de mujeres latinoamericanas y del Caribe |
| 90 | Red Ecofeminista iberica e iberoamericana |
| 91 | Red Feminista de Derecho Constitucional |
| 92 | RED MUJERES AMERICA LATINA Y CARIBE EN ESPAÑA |
| 93 | Rede Galega pola Igualdade |
| 94 | SECRETARÍA CONFEDERAL DE MUJER E IGUALDAD DE COMISIONES OBRERAS |
| 95 | Secretaria de Géneros e Igualdad de USTEA GRANADA |
| 96 | Secretaría de Géneros y Igualdad USTEA GRANADA |
| 97 | Secretaría de la Mujer CCOO de Madrid. |
| 98 | Secretaria de Mujer PCE |
| 99 | SinGENEROdeDUDAS |
| 100 | STECyL-i Valladolid |
| 101 | TAMAIA viure sense violència, sccl |
| 102 | Unid : Unión integral y democrática de todos los pueblos |
| 103 | UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES |
| 104 | USTEA |
| 105 | XARXA DE DONES PER LA SALUT |
Seguimos recogiendo firmas de adhesión al manifiesto en https://goo.gl/forms/DgUqgn7JFYgdjdLu1 hasta el acto de presentación que tendrá lugar el
Jueves
27 de abril 2017, a las 17 h, en el Congreso de Diputados,
Sala
Sagasta, Carrera de S.Jerónimo esq Cedaceros
Charo
Marcos presentará este Manifiesto Feminista
Han
sido invitad@s a intervenir l@s portavoces en las Comisiones de
Presupuestos y de Igualdad de los Grupos Popular, Socialista,
Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Ciudadanos, PNV, ERC
y Mixto
Moderará
Isabel Serantes
1
Publicado en 2016 por Médicos del Mundo, AIETI, APS, Associació de
Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Creación Positiva,
Federación de Planificación Familiar Estatal, Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Fórum de Política
Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde,
Plataforma CEDAW Sombra, la Red de Mujeres de América Latina y del
Caribe en España y Women’s Link Worldwide.
2
En
Servicios Sociales tratan de 51.400 profesionales de Corporaciones
Locales y 8.385.000 personas usuarias del Plan Concertado; 45.648
usuarios y 54.468 usuarias en desarrollo social de las comunidades
gitanas; 130.000 chicos y 145.000 chicas menores con apoyo en
situación de vulnerabilidad y/o pobreza; 1.100.000 usuarios mayores
de 16 años y 250.000 usuarias menores de 16 años (¿) del Fondo
Europeo para Personas Desfavorecidas (FEAD).
Buenísimo. Gracias por la excelente recopilación de datos y el trabajo.
ResponderEliminarR8��✊�� Sumando fuerzas feministas.