POSITIVO ACUERDO PARA LAS TRABAJADORAS CON EMPLEO, EN UN CONTEXTO DE AUMENTO DEL PARO Y DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

La Plataforma Impacto de Género Ya saludamos el Acuerdo presentado hoy por las Ministras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de Igualdad, Irene Montero, y las representantes de CCOO Mari Cruz Vicente y de UGT Cristina Antoñanzas, sobre los Reglamentos de Planes de Igualdad y de Igualdad Salarial en las empresas, que desarrollan el Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo y la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión Europea, a falta de conocer su contenido completo.

La Ministra de Trabajo, para afrontar el hecho de que las mujeres "Necesitaríamos aumentar nuestras retribuciones en más de un 27% para igualarnos a los hombres", ha anunciado que todas las empresas deberán tener un registro de los salarios medios y las percepciones extrasalariales desagregados por sexo y categoría, sobre el que se hará una auditoría salarial, antes de febrero de 2022 a las empresas de entre 150 y 250 personas empleadas y de 2024 a las de 50 a 100 personas. En cuanto a los Planes de Igualdad que estableció la Ley de Igualdad de 2007 y que el Decreto Ley 6/2019 extendió a las empresas de más de 50 personas "Se establece con detalle cómo debe hacerse el diagnóstico, en qué deben consistir las medidas correctoras, cómo debe supervisarse la aplicación del plan y cuándo debe revisarse".

Lamentamos que estas determinaciones del plan de igualdad de empresa hayan llevado a las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME a no firmar el Acuerdo, como en marzo de 2006, cuando el entonces presidente de la CEOE, José María Cuevas, calificó de "rejón de muerte al diálogo social” la Ley de Igualdad que estableció el permiso de paternidad y la obligación de “negociar” planes de igualdad en las empresas.

Este Acuerdo contribuye a lo que pedimos la Plataforma Impacto de Género Ya y otras 143 organizaciones feministas, cara a la igualdad en las pensiones y a la reconstrucción económica. http://impactodegeneroya.blogspot.com/ Pero hay que actuar también en la reducción de la jornada laboral general para el reparto del empleo y de los cuidados, la equiparación de mujeres y hombres en tiempos cotizados a lo largo de toda la “vida laboral” y la creación de aquí a 2030 de un millón de empleos en servicios públicos de educación infantil de 0 a 3 años y de atención a personas en situación de dependencia.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del 2º Trimestre 2020 muestra el impacto del COVID 19 no sólo en la caída del empleo, sino en el aumento de la desigualdad por sexos. Las mujeres, pese a ser el 45,5% de los 18,6 millones de personas con empleo o ERTE, somos el 56,6% de las 1.183.600 personas retiradas de la Población Activa desde finales de 2019 y el 50,3% de las 1.359.700 que han perdido el empleo. Es chocante que la EPA, una encuesta por llamadas telefónicas a hogares, refleje un aumento del número de parados de solo 161.000 personas, el 91,4% hombres y 8,6% mujeres, mientras son mujeres el 57% de las 3.862.883 personas registradas en las oficinas de empleo en junio de 2020.

30 de julio de 2020