miércoles, 3 de noviembre de 2021

Presentación en el Congreso de Diputados de nuestras principales peticiones

 Madrid, 3 de Noviembre 2021

Representantes de las 87 organizaciones firmantes del Manifiesto feminista ante los Presupuestos del Estado (PGE) para 2022 nos hemos reunido el 2 de noviembre, en el Congreso de los Diputados con las diputadas Lidia Guinart, del Grupo Socialista, Rosa María Romero del Grupo Popular e Isabel Franco del Grupo Confederal de Unidas Podemos para debatir cómo el Presupuesto de 2022 puede mejorar la situación social de las mujeres.

Enmarcamos nuestras demandas en cómo la pandemia ha mostrado la importancia de las profesiones de cuidado profesional -sanitario, social, educativo y de empleo de hogar- y los cuidados no pagados de la infancia y personas en situación de dependencia en las familias, ambos realizados en más de dos terceras partes de las mujeres. Para fortalecer esos servicios pagados y redistribuir los no pagados, la meta 5.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -sustituir trabajo no pagado de cuidados por empleo decente- se concreta en España por el Informe El trabajo de cuidados de la OIT en aumentar el empleo en servicios sociales, educativos 0-3 y de salud: de 3,2 millones de personas en 2021 a 4,2 en 2030. Y convertir en “decente” el empleo de hogar pagado. Para 2022 supondría crear 200.000 empleos públicos estables en sanidad, educación, s. sociales e igualdad-violencia de género, con financiación finalista y evaluable del Estado a Comunidades Autónomas y entidades locales.



Para la igualdad de las mujeres en el empleo y en la protección ante el desempleo, pedimos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social publique una estadística anual del Registro retributivo de empresas creado por el Decreto 902/2020, equiparar a las empleadas hogar en la protección por desempleo y que ratificar el Convenio 189 de la OIT, así como elevar de 1.188 a 20.000 el indicador de los contratos laborales a víctimas de violencia de género para que sea más ambiciosa su aplicación.

En las pensiones, que representan un tercio del PGE, la brecha de género prácticamente se mantiene, al ser la pensión contributiva media de las mujeres en 2020 de 817 €/mes, el 66% de la de los hombres 1.238 €/mes. Pedimos que la Seguridad Social cumpla el art. 20 Ley O 3/2007 de igualdad y desglose los datos por sexo, y que la reforma de las pensiones en trámite no espere 41 años a cerrar la brecha, que se sigue alimentando con salarios y tiempos cotizados “para que las mujeres concilien”, y contrarreste la doble discriminación de las empleadas de hogar y trabajadoras agrarias.

Se debatió el descenso en los PGE del objetivo de cobertura del Ingreso Mínimo Vital de 260.206 a 171.740 personas beneficiarias, habiendo además quedado fuera muchas de las solicitudes y también como la ley en trámite está subsanando sus obstáculos normativos y de gestión. También la forma en que la Seguridad Social lo relaciona con la reducción de la cobertura de la preexistente Protección a la familia, frente a la reivindicación de una prestación universal por hijo a cargo, como en casi todos los estados de la UE, de 100 €/mes.



La petición de personal público estable y aplicar el Dto-ley 14/2021 contra la temporalidad en el Ministerio de Igualdad y los organismos de igualdad autonómicos y locales, fue contestada por la diputada del Partido Popular, que, si bien defendió el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, no se pronunció sobre la reivindicación de que esa estructura y las transferencias del Ministerio de Igualdad a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para aplicarlo, sean Programas plurianuales (art. 29 de la Ley Presupuestaria) con objetivos, responsables e indicadores claros. 

Las feministas saludan que el Plan de Choque en la Atención a la Dependencia acordado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se traduzca en un aumento del presupuesto un 23% para eliminar la lista de espera, aumentar la cuantía por persona dependiente y mejorar las condiciones laborales (el 83% de las 603.900 personas empleadas son mujeres), pero piden no “desinstitucionalizar” sino mejorar la calidad y gestión pública de los servicios para no cargar aún más el cuidado sobre las hijas, esposas y madres. También pedimos una  Ley marco de servicios sociales con ratios mínimos de cobertura, intensidad de la prestación y de personal.

En cambio, el Ministerio de Educación solo destina 193+ 334 millones, para crear 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, pese a que sólo el 44% del casi millón y medio de niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados y sólo 1 de cada 10 de forma gratuita, y a que la LOMLOE le da ocho años para alcanzar la universalización y gratuidad. El Manifiesto feminista pide una enmienda para crear en 2022 al menos 143.000 nuevas plazas públicas en todo el territorio.

En Sanidad pedimos transferencias finalistas para consolidar los empleos creados en 2020-21 y aumentar las plantillas de Atención Primaria con 6.000 profesionales de medicina, 6.000 de enfermería y 2.000 de pediatría. También que se incorpore la visión de género en un capítulo que es tan importante para la vida de las mujeres pues no aparece mención a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR).


son aspectos "testimoniales" en un Ministerio que, apuntan, tiene "tanto impacto sobre la salud de las mujeres y en un sector en que la presencia de mujeres es mayoritaria". "No aparece mención a la Salud Sexual y Reproductiva (SSR)", apunta también el texto en el apartado sobre Salud.

Leer más: https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-feministas-proponen-congreso-veintena-medidas-mayor-impacto-genero-presupuestos-2022-20211102185614.html

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Otras peticiones son que el Plan Estatal de acceso a la Vivienda 2022-2025 incluya la condición de familia monoparental para la concesión de ayudas, que los PGE y la ejecución del Plan de Recuperación impulsen la agricultura y ganadería ecológicas de pequeña y mediana escala con fiscalidad verde y proyectos descentralizados, ecológicos y con impacto de género positivo contra la despoblación, y no sigan subvencionando proyectos y usos con grandes impactos ambientales y sociales. Y en Cooperación Internacional, valorando que suba un 12%, a 3.500 millones de euros, señalan que es insuficiente para cumplir el compromiso del Gobierno de alcanzar el 0,5% al final de la legislatura, y pedimos que el calificativo de “feminista” se concrete en recursos suficientes, transparentes, específicos y previsibles para producir avances reales y efectivos en la igualdad y los derechos humanos de las mujeres en los países de destino.

En estos días seguimos manteniendo reuniones con otros grupos parlamentarios para debatir en torno a este Manifiesto.

Os recordamos que seguimos recabando firmas. Si eres una organización feminista te invitamos a leerlo aquí y adherirte completando este formulario.




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