Las mujeres ante el pacto de reconstrucción post #Covid19 en la Comunidad de Madrid

La crisis del Covid19 golpea a la sociedad madrileña cuando aún no se ha recuperado de la de 2008, y sorprende a la Administración estatal y autonómica funcionando con Presupuestos prorrogados (de 2018 en el Estado, de 2019 en la Comunidad de Madrid), lo que constituye un obstáculo más para responder con todas sus fuerzas y recursos, interdependientes, como los de los ayuntamientos. Como dijimos en nuestro manifiesto El impacto de género de los no-presupuestos del Estado para 2019 era y es necesaria la subida del 9,5% en impuestos prevista en el Proyecto de PGE 2019 (tasa financiera, tasa Google, etc) para financiar aumentos de gasto imprescindibles para el reparto por sexos del empleo y los cuidados no pagados: atención a la dependencia, vivienda, protección por desempleo, igualdad y violencia de género, y en empleo público estable para atender servicios públicos estables.
El Informe de Impacto de Género de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019, no evalúa el impacto social de género de esos 52 programas de gasto, sino si tienen algún indicador desglosado por sexos.
La Comunidad de Madrid tiene que dejar de jugar con los recursos de prevención y atención a víctimas de violencia de género, ampliarlos y configurarlos como servicios esenciales (RDL 12/2020)

Aparte de los 24.865.106 € en el Programa presupuestario 232B Acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades, que sólo asigna el 12,7% al Capítulo 1 (Personal), frente al 80,7% en Capitulo 2 (contratación de bienes y servicios) y 5% en transferencias corrientes, la Comunidad de Madrid viene recibiendo desde 2018 más de 11 millones anuales del Ministerio de Igualdad para la aplicación de medidas de competencia autonómica1 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El 24 de octubre de 2019, el Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad declaró en la Asamblea de Madrid que sólo había gastado 1,7 millones, el 8%, y para una campaña publicitaria. El 22 de noviembre en la Comisión de la Mujer de la Asamblea habló de gastar otros 6 millones en publicidad. Mientras, la red autonómica está congelada, externalizada y precarizada, como expusieran las trabajadoras en 2018.

En este enlace os invitamos a leer la Nota que desarrolla con más detalle todas estas cuestiones.